El proyecto se ejecuta frente a una realidad de bajos niveles de empleabilidad juvenil en general, que se agudizan para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica, particularmente para jóvenes pertenecientes a familias rurales, de asentamientos urbanos precarios o del sector informal. Y más todavía entre mujeres expuestas a violencia basada en género, cuando enfrentan embarazos tempranos o altas tasas de fecundidad.
En El Salvador, tal como lo expone la Organización internacional del trabajo al referirse a América Latina: “… La situación laboral de los jóvenes plantea un desafío político en esta región, porque sus deseos de trabajar y de construir una vida a partir de sus empleos, tropiezan con la realidad de un mercado laboral en el cual deben enfrentarse a un alto desempleo y a la informalidad.”
Es necesario que las instituciones responsables estén más preparadas y se asuman realmente como garantes de los derechos específicos de las mujeres, pero también que cuenten con las herramientas, recursos y cooperación de la ciudadanía. Hace falta que las mujeres niñas, adolescentes, jóvenes y adultas conozcan sus derechos y cuenten con apoyos para denunciar. Se necesita que las organizaciones de mujeres logren que sus municipalidades asuman su parte de cumplimiento de la ley, y que junto a las Unidades Municipales de la Mujer, se trabaje por la eliminación de la violencia machista. Por esto y mas trabajamos en este proyecto.
En 2019, antes de la pandemia se calculaba una tasa nacional de desempleo del 6.3%, pero la que correspondía a jóvenes de 16 a 24 años era de más del doble, de acuerdo a la DIGESTYC era de 13.4%. El FMI calcula que el impacto de la pandemia ha llevado el desempleo a nivel nacional al 9.9%, lo que pondría el desempleo juvenil en un porcentaje cercano o mayor al 21.06%.
Por otro lado, se observa la incidencia de violencia contra las mujeres en los departamentos donde el proyecto se ejecuta. Respecto a los datos nacionales del primer semestre de 2020, el 9.3% de los feminicidios, 8.6% de los casos de violencia sexual y el 7.2% de casos de violencia física, ocurrieron en los departamentos de San Vicente y La Paz. Respecto a embarazos en adolescentes, el 7.8% del total de los mismos ocurren en la región. Estos departamentos albergan el 8.18% de la población del país.
Con el proyecto buscamos Disminuir las condiciones de vulnerabilidad de jóvenes procedentes de comunidades en riesgo a través del desarrollo de estrategias que fortalezcan su capacidad de resiliencia, su autonomía económica y amplíen espacios y aliados en favor del cumplimiento de los derechos de la juventud.
Nuestros socios y aliados son municipalidades y las siguientes organizaciones e instituciones:
Contribuir a erradicar toda forma de violencia de género en Chalatenango a partir de estrategias de empoderamiento de mujeres y jóvenes y de la coordinación de esfuerzos entre instituciones del Estado y la sociedad civil.
En El Salvador existe una Ley Especial Integral para una Vida sin Violencia para las Mujeres, sin embargo, todavía falta mucho para que se cumpla en todo el territorio nacional. De acuerdo a los últimos datos publicados por el SISTEMA NACIONAL DE DATOS, ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES esta es la realidad sólo para el primer semestre 2020:
Es necesario que las instituciones responsables estén más preparadas y se asuman realmente como garantes de los derechos específicos de las mujeres, pero también que cuenten con las herramientas, recursos y cooperación de la ciudadanía. Hace falta que las mujeres niñas, adolescentes, jóvenes y adultas conozcan sus derechos y cuenten con apoyos para denunciar. Se necesita que las organizaciones de mujeres logren que sus municipalidades asuman su parte de cumplimiento de la ley, y que junto a las Unidades Municipales de la Mujer, se trabaje por la eliminación de la violencia machista. Por esto y mas trabajamos en este proyecto.
Y cuenta como aliados estratégicos a Municipalidades de Chalatenango, la Sección de Atención Integral a Víctimas, Chalatenango. Depende de la Unidad Técnica de Atención Integral a Víctimas y Género de la Corte Suprema de Justicia, al Movimiento de Asociaciones de Mujeres de Chalatenango y la Red Juvenil para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos
General:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de familias de comunidades vulnerables de 6 municipios por medio del acceso sostenible al agua potable, la promoción de saneamiento e higiene y la protección del medio ambiente.
Especificos:
En El Salvador, a pesar de sus indicadores macroeconómicos, las poblaciones más vulnerables rurales y urbanas no cuentan con acceso a agua potable y saneamiento. Según datos oficiales del Plan Nacional de Agua y Saneamiento de El Salvador (PLANAPS) elaborado por ANDA (Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados) en 2016 – 2017, en las zonas urbanas. entre el 70% y el 90% de la población tiene acceso a agua potable, y en la zona rural la cobertura es de aproximadamente el 60%. En la zona rural el acceso a saneamiento es aproximadamente del 51%.
En los próximos años, por otro lado, la destrucción del medio ambiente, el uso desigual de los recursos hídricos, la contaminación, el uso no adecuado del territorio (aumento de zonas de inundaciones y sequías) y los efectos del cambio climático y el calentamiento global, hace proveer una crisis hídrica, por la escasez del agua dulce y el aumento de la contaminación de las fuentes de agua, lo cual provocará conflictos sociales, en donde las poblaciones más pobres y excluidas serán más afectadas.
La crisis generada por el COVID 19 en el 2020 y hasta la fecha, ha dejado al descubierto a nivel global. la imperiosa necesidad de convertir el agua en un Derecho Humano fundamental, este proceso tuvo en El Salvador un hito, cuando precisamente el 15 de octubre del 2020 la Asamblea Legislativa reconoció el Agua como un derecho fundamental, reformando el artículo 2 y 69 de la Constitución. En el artículo 2 se añadió en general que “toda persona tiene derecho al agua”. Luego, el artículo 69 establece con más precisión que: “El estado está obligado a implementar una política que asegure que todos los residentes tengan agua saludable, suficiente, accesible y asequible y que las fuentes de agua se utilicen y conserven. El agua es un bien público”. Consideramos que la ratificación de esta reforma por la nueva Asamblea de Diputados/as que asumen su responsabilidad en el 2021 es una necesidad para El Salvador.
Desde esta perspectiva, desde el Enfoque de Derechos Humanos ejecutamos este proyecto en asocio con organizaciones locales comprometidas con las comunidades que más lo necesitan, que comparten la misma visión, están dispuestas a buscar las mejores soluciones con la participación de las comunidades involucradas y en asocio con actores públicos y privados y han desarrollado capacidades en el ámbito del Agua y Saneamiento.
General:
La capacidad de resiliencia frente a la sequía y de adaptación al cambio climático de pequeños productores y productoras ha aumentado en 4 municipios de los departamentos de Chalatenango y San Vicente.
Específico:
400 familias de agricultores afectadas por el cambio climático aumentan su resiliencia y garantizan su seguridad alimentaria.
El Salvador se encuentra ubicado dentro del corredor seco centroamericano que va desde la costa pacífica de Chiapas (México) hasta el oeste de Costa Rica y provincias occidentales de Panamá. En general la sequía en Centroamérica es cíclica y se relaciona estrechamente con el “Fenómeno del Niño”. Además, la región ha sido seriamente afectada por los efectos del cambio climático experimentando fenómenos como el aumento de la temperatura media anual y la disminución de la precipitación. Los países del Corredor Seco han sido los más vulnerables y expuestos a la sequía o a las precipitaciones extremas, teniendo impactos significativos en la agricultura. El área de El Salvador que se ubica en el Corredor Seco y que es afectado potencialmente por la sequía en el grado Severo, incluye a 25 municipios, y 193 municipios. Esta presenta características de precipitaciones bajas, aumentando la vulnerabilidad climática de las familias que dependen de la producción de granos básicos como su principal medio de vida.
Los seis períodos de sequía registrados el 2019 por efecto del fenómeno del niño y el exceso de lluvia de octubre 2020 ocasionaron que los agricultores perdieran $27.4 millones tras dañarse una superficie de 34,634 manzanas de cultivos de maíz blanco y frijol, aseguró la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo).
En el área rural un 24.8% de hogares se encuentran en pobreza, de los cuales el 5.2% están en pobreza extrema y el 19.6% en pobreza relativa (EHPM 2019), lo cual nos indica que los niveles de vulnerabilidad económica y social siguen siendo alarmantes, especialmente en las zonas rurales.
El proyecto se implementa en dos municipios del Departamento de Chalatenango (San Fernando y San Francisco Morazán) que están incluidos en la región clasificada como sequía alta y en dos municipios del Departamento de San Vicente (Apastepeque y San Ildefonso), que forman parte de la región donde la sequía es severa. Estos dos municipios forman parte de los 25 municipios con más afectación en el país.
La agricultura de estos municipios es vulnerable al cambio climático y a la variabilidad asociada, tanto por el incremento de la temperatura, por los excesos o ausencia de la precipitación y por la radiación solar. En consecuencia, hay grandes pérdidas en la producción de alimentos, daños en cosechas, aparición o incremento de plagas de insectos. Esta situación es una amenaza a la seguridad alimentaria para las poblaciones de estos municipios que viven en condición de pobreza. Las familias cultivan para su alimentación y solo comercializan cuando hay excedentes o necesidades no alimentarias apremiantes.
Promover la construcción de territorios libres de violencia sexual y racismo a través de procesos de sanación-acción, procesos organizativos alternativos e integrales de justicia, dignificación y reparación desde las mujeres, así como el trabajo sistemático con actoras claves.
Objetivos Específicos:
Las mujeres indígenas empobrecidas están expuestas a formas claramente diferenciadas de violencia sexual y racista como resultado de la desvalorización social y el desprecio hacia ellas –misoginia- que se expresan en realidades tan terribles como el elevado número de casos de embarazos de niñas y adolescentes .(a nivel nacional, más de 200 niñas resultan embarazadas diariamente producto de violaciones sexuales).
Un 90% de las mujeres participantes e integrantes de redes viven en comunidades apartadas de Quiché, Huehuetenango, Petén y Chimaltenango, donde prevalecen imaginarios y prácticas que legitiman el acoso sexual, la violencia sexual y la violencia contra las mujeres, naturalizando la reproducción de patrones culturales profundamente patriarcales que imponen la obligatoriedad del matrimonio y la maternidad, además del no reconocimiento de las mujeres como personas con derecho a una salud sexual y reproductiva libre e informada.
En este proyecto, diseñado y ejecutado por la Asociación Colectiva Actoras de Cambio, se han definido entre sus principales grupos destinatarios, a las mujeres indígenas empobrecidas incluyendo sobrevivientes de violencia sexual y a actores sociales que juegan un papel clave en su desarrollo integral, como maestras y mujeres de organizaciones que trabajan con niñez.
Incluye talleres de formación sanación acción que posibilitan la recuperación de fortalezas y capacidades para recuperar sus vidas, sanar la violación sexual y decidir las formas para compartir con otras los aprendizajes mediante acompañamiento o la realización de acciones públicas comunitarias.
Para fortalecer los procesos de autogestión y economía solidaria en las redes de mujeres sobrevivientes y lideresas mam se apoyará el cultivo de hortalizas y la producción y aprendizaje de la alfarería.
Para Solidar Suisse en Centroamérica cooperar con este proyecto responde al objetivo estratégico de contribuir a la construcción de sociedades igualitarias, justas e incluyentes en la región.
Objetivos del Proyecto:
General:
Contribuir a reducir los índices de violencia contra la mujer y fortalecer la interlocución de las mujeres con los gobiernos locales, autoridades ancestrales y sistema de justicia para incidir en el cambio del imaginario social y vivir una vida libre de violencia sin discriminación y racismo.
Específicos:
El proyecto es ejecutado por la Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, AGIMS. Cuya misión es:
Contribuir a prevenir y erradicar la violencia, la discriminación y el racismo, trabajando para que las mujeres mayas Kaqchikel accedan a la justicia y al ejercicio de sus derechos humanos integrales. Promueve el respeto y la defensa de la madre tierra y del territorio, a través de la convergencia de los pueblos indígenas, y el desarrollo de liderazgos equitativos, que fomenten la igualdad de derechos a una vida digna para todas y todos.
El proyecto:
Contribuye al pleno reconocimiento y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres indígenas en 3 municipios del departamento de Guatemala, San Juan Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez y San Raymundo. Las estrategias están dirigidas a mejorar las capacidades organizativas, técnicas y metodológicas, aumentar los niveles de acceso a la justicia frente a casos de violencias machistas que vulneran la vida y dignidad de las mujeres, a través de la asesoría legal, acompañamiento jurídico y atención psicosocial brindada a través del Centro de Apoyo Integral para mujeres, CAIMUS que opera AGIMS e incidir en autoridades y operadores de justicia como en medios de comunicación.
Está enfocado a fortalecer los liderazgos de mujeres indígenas procedentes de 25 comunidades: 12 de San Juan, 7 San Raymundo y 6 de San Pedro Sacatepéquez. Se realizan acciones de fortalecimiento organizativo, de formación, y de incidencia para el empoderamiento de las mujeres, a fin de que puedan romper el silencio ante las violencias machistas que vulneran su vida y dignidad y fortalecer su liderazgo para que tengan una participación protagónica en espacios claves y de toma de decisiones.
Porque sin justicia para las mujeres, no habrá justicia global, uno de los ejes del Programa Centroamérica de Solidar Suisse es la lucha contra la violencia basada en Género. Honduras es actualmente el país que presenta la mayor tasa de feminicidios en la región.
“Mujeres que cuidan a otras mujeres”, es un proyecto ejecutado por la Asociación Foro de Mujeres por la Vida, que es una articulación o plataforma de organizaciones de mujeres y mujeres no organizadas, que conjugan esfuerzos desde el 2003, con la finalidad de fusionar experiencias y fuerzas en la defensa de los DDHH de las mujeres en la zona norte de Honduras.
El Objetivo general del proyecto es:
Mujeres sobrevivientes de violencia basada en género y defensoras en territorios de la zona norte y occidente de Honduras cuentan con mecanismos para su protección y sanación.
Objetivos Específicos:
Las actividades del proyecto se desarrollan desde el nivel individual personal, atendiendo legal y psicosocialmente a sobrevivientes de VBG. Le sigue la
intervención a nivel de mesosistemas con la generación de capacidades en mujeres y organizaciones locales y busca impactar el exosistema y
macrosistema generando información del problema, difundiéndola entre actores claves y medios de comunicación y demandando a las autoridades en base a la
información proveniente de los territorios, a que garanticen justicia y trato apegado a derechos humanos para las víctimas sobrevivientes.
